Denuncias de comerciantes catalanes llegan al Parlamento Europeo, que decide investigar

El Parlamento Europeo investigará Denuncias de comerciantes catalanes llegan al Parlamento Europeo, que decide investigar

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a petición del Partido Popular (PP), se dispone a investigar la política de sanciones lingüísticas impuesta por el Gobierno catalán a propietarios de comercios que no rotulan sus negocios en catalán. La reclamación inicial fue presentada por un particular afectado en 2017. Fuentes comunitarias anticipan que el PP conseguirá el apoyo mayoritario necesario para que la Comisión analice esta política punitiva de la Generalitat, siguiendo un precedente similar de 2023, cuando se examinó el sistema de inmersión lingüística del Govern catalán.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió investigar la imposición de multas lingüísticas contra los propietarios de comercios afincados en Cataluña que son perseguidos por la Generalitat por no rotular en catalán sus negocios, como relató el diario El Mundo.

Un conflicto lingüístico en el punto de mira europeo

El Partido Popular (PP) ha instado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a investigar la política de imposición de multas lingüísticas en Cataluña contra comercios que no rotulan en catalán. Basándose en la reclamación de un peticionario catalán, el PP busca que la Comisión vele por la “libertad lingüística” de ciudadanos y empresas frente a lo que consideran políticas “represivas” del nacionalismo catalán, destinadas a imponer el monolingüismo en catalán y excluir el castellano en el ámbito comercial y privado.

La resolución que se somete a votación subraya que Cataluña es el único territorio donde los ciudadanos no pueden elegir libremente la lengua de rotulación de sus negocios. Se argumenta que esto contraviene el respeto a la diversidad lingüística y cultural, principios fundamentales de la Unión Europea, y el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que prohíbe la discriminación por razón de lengua.

La base legal de estas multas reside en la Ley 22/2010, que desarrolla el Código de Consumo de Cataluña, aprobada durante un gobierno tripartito liderado por el PSC. Esta ley permite sancionar a comerciantes con hasta 10.000 euros por “vulnerar los derechos lingüísticos” de los consumidores o incumplir obligaciones lingüísticas, lo que en la práctica se traduce en multas por no utilizar al menos el catalán en rótulos, facturas, información al cliente y publicidad.

Aunque desde 2022 las multas pueden canjearse por cursos de catalán, estas sanciones se han impuesto durante más de una década, iniciándose con el PSC y continuando con los gobiernos independentistas y el actual gobierno socialista de Salvador Illa. Hasta noviembre de 2024, se habían impuesto 189 sanciones por motivos lingüísticos por un total de 384.000 euros, y en 2023 se registraron 261 multas por casi 500.000 euros.

Además de esta investigación, el presidente de la Comisión de Peticiones recibirá a la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) para denunciar el incumplimiento por parte del Govern de Illa de las recomendaciones europeas para garantizar la igualdad lingüística en las escuelas catalanas y acabar con la inmersión lingüística en catalán. Esta situación se suma a la polémica por la información engañosa enviada por la Generalitat a la Comisión sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales que obligan a impartir un 25% de clases en español, sentencias que el gobierno catalán ha intentado sortear.